Cárteles contra ecologistas
El crimen organizado ataca a los defensores de la naturaleza en México.
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Jesús, su esposa y sus hijos llevan años huyendo. Provenientes del pueblo indígena tarahumara (también conocido como rarámuri), de las montañas del norte de México, se han esforzado por preservar su modo de vida tradicional y aprovechar los recursos de sus bosques sin destruirlos. Sin embargo, esto los enfrenta a taladores ilegales que buscan arrasar grandes extensiones de bosque para obtener ganancias rápidas.
Aunque estas disputas se remontan a décadas atrás, los madereros se han aliado con una facción del Cártel de Sinaloa que opera en el sur de Chihuahua, especialmente en su municipio de Guadalupe y Calvo. Los sicarios del cártel, armados con Kalashnikovs y AR-15, atacan a los líderes de la comunidad tarahumara que se oponen a los madereros.
Jesús huyó de su pueblo natal para esconderse en otro asentamiento. Pero después de que unos sicarios lo secuestraran, lo golpearan casi hasta la muerte y asesinaran a varios amigos, tuvo que huir de nuevo y refugiarse en la ciudad de Chihuahua, donde trabajaba como soldador, a la vez que apoyaba la lucha en la sierra. En septiembre, fue a su taller y lo que parecían ser sicarios del cártel lo esperaban afuera.
“La violencia está suelto y el gobierno no hace nada”, me dice Jesús, de 60 años, en la Ciudad de México, adonde vino con un grupo para pedirle apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pidió que no se usara su nombre real por temor a represalias.
“Ahorita, en el estado de Chihuahua y en la sierra tarahumara, todos los indígenas tienen mucho miedo”, dice Felipe Valencia, de 66 años, líder comunitario del municipio de Guachochi, quien también llegó a la Ciudad de México. “Muchos duermen por la noche en el campo en lugar de en sus casas por las amenazas”.
En México, los cárteles (o redes de crimen organizado paramilitar, como lo defino aquí) amenazan y asesinan a defensores del medio ambiente que se interponen en su camino para talar árboles, operar minas clandestinas o deforestar bosques para cultivar amapola y operar laboratorios de metanfetamina. Estos ataques han convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa del medio ambiente, haciendo de esta profesión otro trabajo peligroso, como el de periodista o alcalde.
Un informe de Global Witness (una ONG) documenta el asesinato de 18 ambientalistas y la desaparición de otro en México en 2024. Esto lo convierte en el tercer país más peligroso del mundo para este tipo de activismo, después de Guatemala y Colombia, que sufren problemas similares con el crimen organizado paramilitar. En 2021, México ocupó el primer lugar, con 54 asesinatos y desapariciones de defensores de la naturaleza.
Por supuesto, no siempre son los cárteles quienes están detrás de los asesinatos, pero los activistas los señalan en muchos casos. Y en diversas zonas, se acusa a los cárteles de colaborar con policías y alcaldes corruptos que se llevan una parte de las ganancias.
Jesús afirmó que en Guadalupe y Calvo una facción del Cártel de Sinaloa, vinculada a los Mayos, está detrás de la violencia, en connivencia con los caciques locales y la policía. La violencia ha provocado un importante desplazamiento de tarahumaras de las sierras a las ciudades, como parte de una ola de refugiados más amplia en México impulsada por los cárteles.
Al mismo tiempo, los cárteles en México extorsionan cada vez más a las minas legales, las cuales también pueden ser acusadas de dañar el medio ambiente. Activistas que se oponían a proyectos legales también han sido asesinados, aunque la mayoría de estos crímenes permanecen sin resolver.
Algunos autores han llegado a afirmar que la guerra contra las drogas es simplemente una tapadera para que los grupos armados ataquen a los ambientalistas. No creo que esto tenga sentido. México sufre más de 30.000 asesinatos al año y solo un porcentaje muy pequeño está probablemente relacionado con el medio ambiente. Es más convincente que otras fuerzas subyacentes impulsen las guerras de los cárteles, las cuales se infiltran en estos conflictos ambientales y los vuelven más peligrosos. Sin embargo, los asesinatos tienen un efecto de gran alcance al disuadir a otros de tomar una postura y permitir que los cárteles y sus socios devasten bosques, montañas y ríos.
Las empresas que operan en Latinoamérica pueden verse involucradas en los conflictos. En Honduras, en 2021, un ejecutivo de una empresa energética fue condenado por contratar a un sicario para asesinar a la activista ambiental Berta Cáceres por oponerse a la construcción de una represa. Las empresas internacionales que participan en proyectos mineros y de otra índole en México temen no solo las amenazas de los cárteles, sino también las acusaciones de complicidad con ellos.
Estas preocupaciones se han intensificado después de que el presidente Donald Trump designara a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, por lo que colaborar con ellos (o, según algunos, simplemente pagarles por protección) podría acarrear posibles responsabilidades legales. Más adelante profundizo en los problemas de las empresas y los complots para asesinar a ambientalistas.
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